Los sucesos de los días 22 y 23 de julio de 1968 convirtieron las consecuencias de un pleito callejero entre estudiantes en demandas democráticas, entre ellas diálogo público, libertad para los presos políticos, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de jefes policiacos, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, relacionados con el delito de disolución social, e indemnización a familiares de muertos y heridos.
